En todo México existen alrededor de catorce mil organizaciones civiles donatarias, aquellas organizaciones sin fines lucrativos que están autorizadas por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para emitir recibos deducibles de impuestos a sus donantes. De esas catorce mil organizaciones, 400 se encuentran en Guanajuato, y unas 130 en San Miguel; solo 40 de ellas están autorizadas como donatarias—de acuerdo con datos de la Coordinación de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, del gobierno municipal. 

 

Son estas 40 organizaciones civiles donatarias que operan en San Miguel de Allende, y todas las restantes en el país, las que podrían encontrarse en peligro de perder la autorización por parte del SAT, debido a la modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se encuentra dentro de la miscelánea (conjunto de leyes) fiscal 2021, aprobada, en lo general, por las cámaras de diputados y senadores el pasado 5 de noviembre.

 

Esta modificación al artículo 80 de la Ley del ISR indica que cuando las donatarias reciban más del 50 por ciento de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social (misión contenida dentro de sus estatutos), perderán la autorización del SAT, lo que les dificultará la captación de fondos para su operación y cumplimiento de sus misiones, pues limita el ingreso de recursos obtenido a través de las actividades realizadas para ese fin ajenas a su misión.

 

“La corrupción se acabó, no es broma, entiéndanlo,” dijo para Atención la senadora Jesusa Rodríguez, al respecto, quien además cuestionó: “¿por qué el miedo de una donataria a cumplir con lo que sus estatutos le plantean? El hecho de acostumbrarse a que no fuera así, es otro problema, deben cumplir con sus estatutos,” dijo, y asestó: “si [esta medida] es para quitar la corrupción, vale la pena todo lo que hagamos; eliminar la corrupción puede sacarnos de la miseria. El costo es alto, pero el costo de tenerla ahí es infinitamente más alto”.

 

Y es que antes de haber sido aprobada la reforma de ley, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo a los senadores, al defender su propuesta de ley, que las donatarias se prestan para operaciones vinculadas al lavado de dinero. Buenrostro también dijo que la reforma propuesta iba encaminada a blindar a aquellas asociaciones que trabajan siguiendo los lineamientos, por lo que desaparecerán aquellas que lucran y “hasta se vuelven negocio.”

 

Esta declaración empata con las manifestadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los pocos días de haber tomado el poder, en 2018, durante sus conferencias matutinas, donde expresó que por lo pronto, las organizaciones civiles ya no recibirían dineros de la federación, puesto que en su gobierno los beneficiarios de las organizaciones civiles lo harían  ahora a través del apoyo directo de los programas sociales de su administración.

Todo está en apegarse a la ley

 

Atención trató de hablar con alguna de las donatarias registradas en la ciudad, luego de que un documento integrado por siete organizaciones civiles operando en el país, como 30 Semillas y Centro de Enlace y Desarrollo, firmado por el Grupo Fiscal de Especialistas en Organizaciones de la Sociedad Civil—previo a la aprobación por congreso y senado, de la miscelánea fiscal—circulara en redes a nivel nacional, para tratar de frenar las adecuaciones: sin embargo, la respuesta fue nula, pues las asociaciones locales contactadas alegaron desconocer el tema, o dijeron ser no donatarias autorizadas, o que apenas estaban en proceso de conseguir la autorización.

 

Consultamos entonces a una abogada, con 20 años de experiencia en el tema de organizaciones, (pidió omitiéramos su nombre) quien nos explicó de forma simple que a la reforma a la Ley del ISR no le ve problema, pues no hay mayor fiscalización, únicamente cambiaron los estándares, ya que cada organización debe entregar su informe de transparencia anual en que se desglosan ingresos, egresos, y sus trabajos para influir en la política pública. “Anteriormente una donataria autorizada podía obtener por otros ingresos hasta en un 10 por ciento. Ahora llegará hasta cincuenta, si los supera, entonces le retirarán la autorización como donataria”.

 

Y puso un ejemplo: “imaginemos que una donataria asistencial con credibilidad, decide hacer una venta o subasta de arte—su fin último (objeto social) no es vender arte, ni hacer subastas, y opera con un millón anual; de la subasta obtiene 510 mil pesos, entonces ya superó sus ingresos por conceptos que no son relacionados con su objeto social, entonces estará en problemas, y se le puede retirar la autorización como donataria.”

 

Por otro lado, aseguró que hay otras organizaciones que para cumplir con sus fines, han desarrollado “proyectos productivos, empresas sociales, o negocios, porque no siempre hay donaciones; sin embargo, éstos no empatan con sus fines últimos, así que también se verán en problemas.” 

Finalmente, explicó otros de los puntos contenidos en la modificación, y es que “en materia de comprobación, el espíritu de las donatarias es que llegan a lugares vulnerables. En las organizaciones hay gastos pequeños que se pueden hacer sin comprobar, ahora ya no se podrá trabajar de esa forma. Por cada gasto que no se compruebe, tendrá que pagar el 35 por ciento de ISR”. Y ejemplificó un tema de becas: ¿Cómo se comprobarán o facturarán las becas que se otorgan a los estudiantes? Ellos no pueden dar facturas. Aquí las organizaciones tendrán que buscar las estrategias para poder comprobar.”

La abogada indicó que antes de preocuparse, deben ocuparse en realizar un análisis sobre cómo está su organización civil y buscar soluciones, reestructurarse. No se pueden dar el lujo de desaparecer. Hacen el trabajo que le corresponde al gobierno, se atiende a la población con trabajo diario. Hacen que sea visible lo que el gobierno no puede, o no quiere ver. No son enemigas del sistema, trabajan por el bien común.” Sin embargo, asegura la abogada, “hay organizaciones que tienen problemas de transparencia, pero no todas trabajan así. Es importante que fiscalicen egresos, en qué gastan lo que gastan, que realmente operen con ese recurso, independientemente de dónde venga.” 

Entiéndanlo, se acabó la corrupción

 

La senadora Jesusa Rodríguez indicó que el tema debe observarse de manera integral pues la corrupción penetró hasta lo más profundo, y eso ha impedido el desarrollo del país. “El eje principal del gobierno de la 4T (cuarta transformación, como lo llama el presidente Andrés Manuel López Obrador) es atacar la corrupción, si no se ataca, estaríamos como aquella maquinaria a la que se le quita el aceite (corrupción) y comienza a rechinar. Pero nunca podremos hacer que funcione bien hasta que el mal aceite se quite por completo. ¿Cómo se puede hacer para que el motor social, el trabajo humano rinda, si todo el tiempo hay esos agujeros que roban la energía?” Cuestionó. 

 

Rodríguez comprende que hay miedo al cambio, sin embargo hacerlo es indispensable. “Lo que debería dar terror,” aseguró, “es la corrupción en la que hemos vivido los últimos 80 años, que ha corrompido hasta la vida privada de la gente.”

 

 La senadora Rodríguez mencionó que hay miedo “por el cierre de llaves,” pero eso es “porque no estamos dispuestos a cambiar.” Remarcó que cada caso será específico. “Hubo controversia por los 109 fideicomisos que cerramos, pero nos estamos asegurando que ese dinero llegue a la gente, sin intermediarios. No sabemos quiénes eran buenos, quienes eran malos, ahora lo importante es que llegue [el dinero] a los beneficiarios. Es grave que Monsanto, Bachoco, y Bayer recibieran dinero del erario público”. 

 

Si se buscara terminar con la corrupción de manera particular, la senadora acotó que tardarían 300 años en hacerlo, por eso la modificación a la Ley del ISR está de forma general, “pero es que quienes se corrompieron no son dos o tres.” 

 

“¿Qué pasa con las donatarias? ¿Por qué más del 50 por ciento de sus ingresos los reciben de las actividades que no son esenciales? Se aprovechaban para robar o quedarse con el dinero, evadir impuestos, o hacer otras cosas que no tenían que hacer. Ahora Hacienda y Tesorería construirán los mecanismos. Es difícil, pero no le sacateamos, no se trata de culpar o criminalizar a las donatarias. Se trata de darnos cuenta de que los mecanismos se degradaron, se acabó la transparencia con que iniciaron y debemos recuperarla. ¿Por qué el miedo de una donataria a cumplir lo que sus estatutos le plantean? 

Votos en contra no fueron suficientes, en un gobierno que “es puro show”

 

El diputado federal Ricardo Villarreal, dijo para este medio que el problema del texto aprobado es que deja a la autoridad hacendaria facultades que pueden ser dañinas contra las asociaciones civiles (AC): “de forma arbitraria podrían quitarles sus bienes. Esto que establece la nueva reforma, que el SAT, al considerar que el 50 por ciento de los recursos que gastó, no se usaron en fines esenciales, y entonces las AC podrían ser sancionadas quitándole sus bienes, es muy grave.” 

 

El congresista federal sostiene: “son recursos privados, y quienes donaron los recursos fueron particulares altruistas que decidieron apoyar a las AC. El gobierno no debe meterse a fiscalizar el destino de ese recurso. Muchas AC utilizan los recursos que reciben no solo para cubrir el objeto esencial, sino apoyar a otras AC. Hay otras que se dedican a actividades culturales, pero luego donan recursos a otras que donan becas a niños de bajos recursos, es algo que sucede todos los días.”

 

Para Villarreal el objeto social puede ser diverso, pero en este caso quien decidirá si está bien o mal es Hacienda. “Nosotros nunca estaremos de acuerdo con que el estado tenga tanto poder contra los particulares, no debe ser persecutor de nadie, menos de las AC, que ayudan a quienes menos tienen y subsanan lo que los gobiernos no hacen, Si los recursos son privados, el gobierno no debe meterse,” recalcó Villarreal. 

 

“El presidente no cree en que haya gente altruista, yo sí. Con esta reforma está diciendo, por ejemplo, que es malo dar de comer a más de diez mil sanmiguelenses en tiempo difícil, yo no. Esa es la diferencia, no son acciones malas. He visto como llegan los apoyos. Si el presidente cree que está mal, está equivocado. No conoce la bondad de muchas personas que apoyan  o que trabajan en una asociación civil.” 

 

Finalmente, Villarreal aseguró que México necesita un contrapeso en las cámaras, y que en el futuro—si es que se opta por una elección consecutiva—una vez que haya suficientes votos, sí buscaría cambios en esta ley del ISR. 

 

Y recalcó: “si una AC lava dinero es delito, pero que la Fiscalía General de la República la investigue. Que no sancione a la gente buena con el falso pretexto de que alguien comete un delito. Se sanciona a los buenos por incapacidad de sancionar a la gente mala que no sabemos si existe o no. No hay investigaciones en proceso. No hay administradores de asociaciones civiles en la cárcel, le encanta al presidente decir que hay corrupción. Sí la hay, pero la forma de acabarla es castigando a los corruptos y no veo a nadie en la cárcel, es puro show.”