“La justicia ampara y protege en contra de la sentencia pronunciada por la sala regional del centro tres del el Tribunal federal de justicia Administrativa del 20 de agosto 2019, del juicio de nulidad 3652/18”. Resolución de los magistrados.

“La justicia ampara y protege en contra de la sentencia pronunciada por la sala regional del centro tres del el Tribunal federal de justicia Administrativa del 20 de agosto 2019, del juicio de nulidad 3652/18”. Resolución de los magistrados.

Frenan esta vez la discrecionalidad del INAH

Por Jesús Aguado

Muros derruidos, fachadas modificadas, paredes y construcciones con alturas fuera de la norma, excavaciones de hasta tres metros de profundidad y ocho de anchura; son sólo algunos de las modificaciones que a la ciudad se han hecho en los últimos años; porque por un lado la administración pública no ha podido, o no ha querido controlar las decenas de obras que al mismo tiempo ocurren en el Centro Histórico, y que impactan a los monumentos que según leyes federales, deben protegerse.

Pero no es únicamente el gobierno local a través de la Dirección de Patrimonio y Centro Histórico es el que debe proteger los edificios históricos (como primer respondiente), sino la autoridad federal en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ahora, y por primera vez está obligado a retractarse de una autorización que impacta el edificio La Casa del Inquisidor—en Cuadrante 32; considerado Monumento Histórico por el decreto emitido por el Gobierno de la República en junio 28, 1982.

El amparo concedido por el Tribunal Federal de Circuito—con sede en Guanajuato—para los propietarios de La Casa del Inquisidor—representados por la firma de abogados Hernández y Pérez Salinas—sienta un precedente en la protección del Centro Histórico pues, ni siquiera el gobierno local ha conseguido amparos o soluciones que preserven la zona.

El Caso

El monumento Casa del Inquisidor, se encuentra ubicado en Cuadrante 36—dentro de la Zona de Monumentos Históricos. La historia sobre éste es poca, sin embargo la tradición oral indica que data de 1780. En la casa habitó el cura Juan Manuel de Villegas, quien se encargaba de resolver los casos en San Miguel, Dolores y San Felipe.

En 2018, sin autorización—indicó el abogado Juan Ponciano Hernández, representante de la firma Pérez Salinas—inició una obra de remodelación en Cuadrante 36, sin embargo más tarde se inició la construcción de un edificio de cuatro niveles. Así, representando a La Casa del Inquisidor se dio aviso al INAH para que tomara acciones al respecto, recalcando que se estaba impactando a un monumento histórico, con prerrogativas legales. Entre las prerrogativas del Reglamento de la Ley Federal sobre Zonas de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos se establece (artículo 42) que toda obra en zona o monumento solo podrá realizarse previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente, y para ello debe mediar solicitud—entre otros requisitos—que contengan: características, planos y especificaciones de la obra a realizarse; planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento y, en el caso de ser inmueble, sus colindancias; su aceptación para la realización de inspecciones por parte del Instituto y a juicio del Instituto competente, deberá otorgar fianza que garantice a satisfacción el pago por los daños que pudiera sufrir el monumento.

Autorización exprés

La obra quedó suspendida por lo menos un mes, sin embargo el 23 de abril de 2018—de acuerdo con Hernández—el INAH, representado por el delegado David Jiménez Guillén, decidió regularizar la obra, sin que se cumplieran los requisitos anteriores. Lo que llama la atención, continuó Hernández, es que la autorizan exprés, determinó el delegado que era procedente autorizar la obra pues, concuerda con el perfil urbano y no se advierte nueva volumetría. Se indicó (en el documento) que no rebasa la altura de la construcción colindante, integrándose al perfil existente. Tampoco en la inspección del INAH se advirtió nueva volumetría.

“Estas líneas son el único fundamento y motivo que la autoridad externa para autorizar una obra de cuatro niveles en pleno centro histórico y aledaño a un monumento. Ello de acuerdo a la ley de monumentos y reglamentos; es ilegal porque para autorizar cualquier obra aledaña a un monumento se deben cumplir los requisitos: estudios periciales que acrediten que no se afectará la estructura del monumento histórico: mecánica de suelos, estructurales, al menos. Jamás hubo estudio de mecánica de suelos, si con el peso de los cuatro niveles no se resentiría el edificio, si no se iría hacia a un lado, si no se va a recargar la nueva construcción” advirtió el abogado, y acotó que, lo concedido por el INAH “es una falta grave para la preservación del monumento. Habrá de fijarse una fianza, en favor de la protección del monumento y no se estableció”, y agregó que la nueva volumetría y el impacto a la visual urbana es evidente.

Alto a la discrecionalidad

El despacho promovió un juicio de nulidad contra el permiso del INAH ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Celaya, sin embargo el tribunal en la sentencia determinó que el INAH tiene la facultad discrecional de entregar permisos—aseguró Hernández, y anotó “no basta citar los artículos, sino revisar el caso concreto. Era su obligación expedir un permiso basado en reglamento para garantizar que no se afectaría la estabilidad del monumento, o sus características y eso no sucedió en el expediente, el INAH no hizo su trabajo, proteger el monumento”.

Ante la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, los afectados solicitaron un amparo directo en el Tribunal Colegiado de Circuito. En la discusión sobre el caso, los magistrados aseguran que, claramente el INAH está expidiendo un permiso para una obra sin cumplir los requisitos del  artículo 42 del Reglamento de la Ley Federal de Monumentos. “No hay peritaje que garantice que no hay daño. No se exige una fianza. Luego se dice que como no afecta la imagen urbana y que la volumetría está adecuada y del mismo tamaño de la casa, es procedente regularizar la obra. Por favor, hay que ver esto con detalle, hay reglamentación sobre lo que se debe hacer, es monumento histórico, está en la zona. Con esa discrecionalidad de algunas autoridades tienen; a veces sí, otras no se aplica la ley. Está en juego la historia y el entorno de San Miguel”.

Así, entonces se resolvió “la justicia ampara y protege en contra de la sentencia pronunciada por la sala regional del centro tres del  el Tribunal federal de justicia Administrativa del 20 de agosto 2019, del juicio de nulidad 3652/18”.

¿Entonces?

En septiembre de 2018, Atención tuvo una conversación con el delegado Jiménez Guillén, quien lanzó un mensaje a la administración que apenas tomaría protesta el 9 de octubre. “El gobierno que llegue, debe establecer un mecanismo de gestión que garantice que esos valores por los cuales fue inscrito San Miguel en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se conservan y ello, se hace con un Plan de Manejo y de un ente administrativo que forme parte de la administración; pero que se avoque a saber qué está pasando”.

En San Miguel, mencionó el delegado, se cuida la zona de monumentos. Sentenció entonces que toda obra, por el simple hecho de estar en la zona de monumentos, colindante a un monumento histórico; y toda intervención de obra, debía ser solicitada ante el INAH para que éste emita las licencias respectivas. En abril del siguiente año, emitió “a discreción” según el magistrado del Tribunal de Circuito, la autorización para la obra en Cuadrante 36.

Sin permisos ni encomiendas

El director de Patrimonio y Centro Histórico en la ciudad, Francisco García, dijo para Atención que desconoce si previamente se hubieren entregado autorizaciones para tal obra en esa dependencia, sin embargo aseguró que hasta ahora, desde que inició la administración—octubre 10, 2018—ningún permiso ha sido otorgado.

Atención contactó a uno de los propietarios del inmueble del 36, quien aseguró que Atención tenía este artículo “encomendado”, y que por eso—a pesar de que fue él quien nos invitó a “platicar”—no contestaría a cuestionamientos y solo diría que su obra es legal. Aunque no se encuentra actualmente activa.

¿Qué sigue?

Los magistrados dicen que ya está claro que no se respetó la ley y que el permiso estuvo mal otorgado. La carga de la prueba es para la autoridad, para el INAH que debió acreditar y probar que se habían cumplido los requisitos de ley. En el expediente se advierte que no hubo peritaje ni fianza, ese acto debía aclararse. Comentó el abogado de Pérez Salinas, Ponciano Hernández, y concluyó “como abogado me corresponde perseguir las consecuencias de la anulación del permiso. Podría pedir la demolición de la obra, buscando una lógica objetiva, pues ¿cómo se tendrán los peritajes si ya está la obra. Cómo habrá planes estructurales si nunca se tuvieran? Corresponderá  exigir que no se parche algo equivocado, si no hay permiso es improcedente. En una lógica jurídica, si no hay permiso y quieren regularizar la obra tendrá que ser de cero. Tendrán que derruir, luego la autoridad dentro de los términos legales tendrá que expedir el permiso”.

INAH

Atención solicitó declaración del INAH. Alfredo García Gutiérrez, Jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales declaró: “no hemos sido notificados de la resolución del amparo, por tanto no puedo dar pronunciamiento”.